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El exembajador de Colombia en Venezuela culpó a «la ira y la bebida» por una diatriba en la que lanzó acusaciones de fraude contra la campaña del presidente Gustavo Petro en medio de un creciente escándalo sobre presuntas escuchas telefónicas ilegales.
El ex enviado Armando Benedetti y la ex jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, están bajo escrutinio luego de que la niñera de Sarabia supuestamente fuera víctima de vigilancia ilegal.
Ambos ayudantes se vieron obligados a renunciar la semana pasada cuando se abrió una investigación y luego procedieron a acusarse mutuamente de irregularidades.
El domingo, el periódico La Revista Semana publicó una grabación plagada de improperios de Benedetti amenazando a Sarabia con su conocimiento de supuestos fondos ilegales de campaña por una suma de $3.5 millones.
Se informó que Benedetti, un asistente clave para la exitosa campaña electoral de Petro en 2022, dijo que todos irían a la cárcel si lo empujaban a decirlo todo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia abrió una investigación sobre las afirmaciones de Benedetti.
Más tarde dijo que las grabaciones habían sido «manipuladas» y se disculpó con Petro.
El lunes por la noche, Benedetti acudió a Twitter para explicar que «en un acto de debilidad y tristeza» por su declive político, «me dejé llevar por la rabia y la bebida».
Petro ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado, en respuesta al tuit de Benedetti, «un intento de frenar la lucha contra la impunidad».
Según el propio Benedetti, la niñera Marelbys Meza había trabajado para él hasta junio del año pasado, cuando fue despedida por sospechas de robo de miles de dólares y no pasó una prueba de polígrafo.
Luego le presentó a Sarabia, quien contrató a Meza en agosto pasado.
En enero de este año, supuestamente obligaron a la niñera a tomar otra prueba de polígrafo, esta vez bajo sospecha de haber robado $7,000 de la casa de Sarabia.
Para obtener acceso a sus llamadas, supuestamente se utilizó un informe policial falso para vincular a la niñera con el crimen organizado, según los fiscales.
Meza también ha afirmado que fue sometida a un interrogatorio ilegal y una prueba de detección de mentiras en enero en un edificio anexo al palacio presidencial en Bogotá.
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